Serias falencias administrativas y dificultades financieras siguen afectado la gestión del Inpec y de la Uspec, indican los resultados de las más recientes auditorías financieras y de cumplimiento realizadas a estas entidades por la Contraloría General de la República, que suman 223 hallazgos administrativos. 

En la auditoría de cumplimiento realizada a Inpec - Uspec, la Contraloría General de la República constituyó 131 hallazgos administrativos, de los cuales 45 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno connotación penal, y 15 son de carácter fiscal. 

En el caso de la Auditoría Financiera a la Uspec, se determinaron 22 hallazgos administrativos de los cuales 4 tienen presunta incidencia disciplinaria y 1 de carácter fiscal.  

Y en la Auditoría Financiera del Inpec, se determinaron 70 hallazgos administrativos, de los cuales 4 tienen presunta incidencia disciplinaria y otro más para el inicio de indagación preliminar. 

Uno de los hallazgos relevantes es que las demandas contra el Inpec, por presuntas fallas del servicio tienen pretensiones por encima del billón de pesos. Exactamente $1.1 billones a junio de 2020.  

La Contraloría determinó también que el sistema de salud carcelario no respondió de manera oportuna, adecuada y suficiente para mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19.   

Adicionalmente, la ejecución del presupuesto del Inpec, como consecuencia de esta situación fue relativamente baja. Particularmente, es baja la ejecución de los recursos de inversión. En este caso, si bien se comprometieron el 86,7% de los mismos, sólo se obligaron y pagaron el 40,4%. 

Resultados de Auditoría Financiera al Inpec 

La Contraloría emitió opinión contable negativa por los hallazgos encontrados y originados en el proceso de conciliación y cruce de información entre las dependencias del mismo Inpec y su área contable, ya que existen partidas conciliatorias que no se han registrado contablemente al no contar con documentos soporte, situación que genera incertidumbre en los saldos. 

En el proceso de depuración de la propiedad, planta y equipo, relacionada con los bienes inmuebles, la Contraloría General determinó que no se cumplió, lo que implica que no se sabe la realidad de los terrenos y edificaciones, frente su propiedad y disposición. 

Se determinó, igualmente, que el Inpec no cuenta con una política contable de los créditos judiciales y que no se refleja en los estados financieros la situación real de los procesos.  

Las demandas al Inpec, ocasionadas por presuntas fallas del servicio, tienen pretensiones por $1.1 billones a junio de 2020 y, en el 81,34% de los casos, no se informa sobre el sentido del fallo, por lo tanto, tienen alto riesgo de que sea en contra del Estado.  

Así mismo el procedimiento de depuración de las cifras de los estados contables no opera adecuadamente, por ello persisten las deficiencias en los saldos de las cuentas bancarias, créditos judiciales y pasivos contingentes, lo que impide que se conozca la realidad financiera de la entidad, identificándose la existencia de partidas conciliatorias en las cuentas bancarias que vienen desde el año 2008 y hasta el 2019, por $32.415.079.642,39. 

Frente al proceso presupuestal, se determinaron deficiencias de planeación, programación y coordinación, que ocasionaron la expedición de CDPS por $1.429.587.389.59 para el reconocimiento y posterior pago de pasivos exigibles de vigencias expiradas. 

Al cierre de la vigencia fiscal 2019, el Inpec constituyó reservas presupuestales por $45.615.607.901. Adicionalmente, la Contraloría General no refrendó las reservas presupuestales constituidas por valor de $1.105.570.138, relacionadas con algunos contratos interadministrativos, como el No. 118 de 2019, celebrado entre el Inpec y la Imprenta Nacional de Colombia, y otros que no se encuentran justificados en situaciones de fuerza mayor o imprevisible que obligara su constitución. 

Se verificó, además, que el proceso de control interno financiero presenta deficiencias, por debilidades en los controles diseñados para la mitigación de los riesgos evidenciados en los procesos y áreas examinadas. 

No hubo un desempeño oportuno frente a la pandemia 

Como resultado del proceso auditor, se determinó que el sistema de salud carcelario no respondió de manera oportuna, adecuada y suficiente para mitigar los efectos de la pandemia. 

Si bien la Emergencia Sanitaria por el Covid-19 se había declarado desde el 12 marzo de 2020 y los primeros casos se presentaron en la Cárcel de Villavicencio en la primera semana de abril, las muestras iniciales se tomaron el 27, cuando la enfermedad ya había avanzado en varios recintos del país.  

Además, la toma de muestras (22.841) fue reducida frente a una población que, en promedio, de marzo a agosto, se ubicó en 111.192 internos. Ello significa que cerca del 79,5% de la población reclusa permanece sin toma de muestras. 

El Sistema de Salud Penitenciaria carece del personal suficiente para hacer frente a una población conflictiva y especialmente vulnerable, con un buen porcentaje del personal médico que trabaja por prestación de servicio o a medio tiempo.  

Algunas cárceles no tienen atención médica ni odontológica permanente y otras, como la cárcel de Villavicencio, donde se dieron los mayores niveles de contagio, solo tienen una enfermera y una auxiliar de enfermería en el área de sanidad.  

Resultados de Auditorías Financiera y de Cumplimiento

La ejecución presupuestal de inversión en infraestructura, alimentación y salud del sistema penitenciario y carcelario corresponde a la Uspec. 

En la Auditoría Financiera a la Uspec para la vigencia 2019 se evidenciaron 22 hallazgos administrativos, de los cuales 4 tienen incidencia disciplinaria y 1 de carácter fiscal por valor de $743.004.735. 

En la Auditoría de Cumplimiento al Inpec - Uspec realizada por la CGR, para la vigencia 2018, la Contraloría constituyó 131 hallazgos administrativos, de los cuales 45 tienen presunta incidencia disciplinaria,1 tiene connotación penal, 15 tienen carácter fiscal, 14 tienen otras incidencias, 5 dan lugar a indagaciones preliminares y 1 constituye beneficio de auditoría. 

El informe auditor indica que en cuanto al servicio de alimentación se evidenciaron pagos de componentes que no se suministraron en los tiempos de comida de almuerzo, cena y refrigerio nocturno durante la ejecución de las operaciones de bolsa de los años 2018 y 2019. 

Así mismo se encontraron errores en la elaboración del estudio de costos para determinación del precio de la ración en estaciones de policía, a lo que se suman debilidades en la labor de la interventoría contratada y en el cumplimiento de las fichas técnicas, por lo cual se establecieron 7 hallazgos fiscales por un valor de $831.313.365. 

Igualmente, se determinaron deficiencias en el seguimiento y control a los pagos realizados al personal de salud contratado mediante órdenes de prestación de servicios, demoras en la entrega de medicamentos y entrega incompleta de fórmulas médicas, atención de población en prisión domiciliaria y debilidades en la dotación de las unidades de atención para la prestación, situación que generó un hallazgo fiscal por valor de $17.881.702. 

Hechos relevantes detectados  

- Contrato 219-2013 establecimiento Buga (hallazgo disciplinario y fiscal): menoscabo de los recursos públicos pagados a contratista por $62.759.063.434. No hay ejecución del contrato por más de un año ni labores de mantenimiento. 

- Obras pagadas no ejecutadas del contrato de obra No. 402 de 2014 -Girón-, Santander (hallazgo fiscal y disciplinario). En revisión del contrato de obra No. 402 de 2014, se observaron inconsistencias en la información registrada en las Actas de recibo a satisfacción lo que permite observar que hasta el acta 36, la Uspec le había pagado al contratista obras que no había ejecutado, por lo que el organismo de control identificó un presunto alcance fiscal por valor $743.004.735,55. 

- Unidad de Servicio Penitenciario y Carcelario -Uspec-. Contrato 402 de 2014 por gestión antieconómica e ineficiente al pagar por unos elementos que están instalados, no están terminados ni en funcionamiento, afectando el equilibrio económico en contra de la entidad. Presunto daño patrimonial de $2.393.505.510. 

- Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitana de Cúcuta y RM Bucaramanga. Presunto daño patrimonial por la cuantía de $400.222.311. 

- Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad Girón. Contrato que no se cumplió porque la planta no está en funcionamiento, generando un presunto detrimento de $310.314.376. 

- Cárcel El Pilamo. Contrato 384 de 2014, por valor de $1.939.798.000. A la fecha el contrato se encuentra suspendido. 

- Megacarcel La Candelaria. A la fecha no se cuenta con estudios previos o licencias de construcción, presuntas diferencias entre los avalúos y problemas con la comunidad, no hay consulta previa. 

- Colonia Agrícola Yarumal. El convenio marco 393 de 2017 venció el 17 de julio del 2020 y no se renovó porque la Alcaldía de Medellín manifiesta que después de tres años de iniciado el proyecto se presenta una falta de planeación. A la fecha, el total de aportes es de $57.100.595.198, de los cuales la Uspec desembolsó $32.600.595.198.